La clínica no dispuso las medidas de seguridad pertinentes para evitar un accidente que previsiblemente podía ocurrir.
A los colegios profesionales les corresponde regular la actividad profesional de sus colegiados, únicamente dentro del ámbito de su competencia.
Además, debe respetar los derechos fundamentales de los trabajadores.
Se tipifica el delito de ecocidio, como cualquier omisión o acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente.
La actora tiene pendiente el pago del subsidio por incapacidad laboral correspondiente a 13 licencias médicas.
«Se recomienda informar el proyecto valorando la voluntad de legislar en estas materias, pero haciendo presente las diversas observaciones que se han desarrollado en las páginas precedentes, algunas de las cuales pueden tener serias repercusiones respecto de la garantía constitucional del debido proceso”, advierte el máximo Tribunal.
Se exceptúa a las embarazadas y a la población de riesgo en razón de padecer de alguna enfermedad que los haga más susceptibles frente al virus.
El Tribunal de alzada estableció que no hubo vulneración a las garantías constitucionales al debido proceso en la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la Rancagua.
El Tribunal de alzada descartó infracción en la resolución sancionatoria aplicada al canal público por el ente regulador.
La medida reprochada ha sido adoptada por la autoridad en el ejercicio de sus atribuciones, por lo que disipa cualquier imputación de ilegalidad.
