El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal y arbitrario del recurrido, al decretar la expulsión de Alcántara sin fundamento legal.
La propuesta modifica la ley sobre protección de animales, con el objeto de prohibir y sancionar la organización de carreras de perros.
Erika Guevara, directora para las Américas del organismo manifestó que «el Gobierno de Maduro no puede esconder las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se han cometido bajo su mando, afectando gravemente a la mayoría de las personas en el país y obligando a millones a huir en busca de protección».
Se estimó que los hechos descritos en la presentación sobrepasan los márgenes del recurso interpuesto.
Se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
La gestión pendiente incide en autos ejecutivos seguidos ante el Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Viña el Mar, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
El reclamante expone que su participación en la actividad de entrega de un estanque de 1000 litros para un comedor comunitario no constituye donación ni erogación alguna.
Se suspendió el procedimiento que se sigue ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
El ente contralor indicó que este hecho tuvo mérito suficiente para configurar la infracción reprochada.
La gestión pendiente incide en un reclamo de ilegalidad, de que conoce la Corte de Santiago.
