El recurrente no proveyó los antecedentes indispensables para acoger su solicitud, circunstancia que le es completamente imputable, excluyendo de este modo la arbitrariedad e ilegalidad alegadas.
Pueden solicitarlo si cuentan con los medios idóneos y si dicha forma de comparecencia resultare eficaz y no causare indefensión. Pero la absolución de posiciones, las declaraciones de testigos y otras actuaciones que el juez determine, sólo podrán rendirse en dependencias del tribunal que conoce de la causa o del tribunal exhortado.
El precepto legal impugnado vulnera gravemente el principio de proporcionalidad, la garantía del debido proceso, el derecho de propiedad y, en último termino, la seguridad jurídica.
Sí rechazáramos la posibilidad de la declaración judicial de ser «víctima de trata en juicio» y la práctica de prueba para su acreditación, sin que se juzgue ni se persiga a los tratantes, se haría inviable acudir a un recurso de revisión para anular la condena.
Denuncian errores matemáticos, descuadre y falta de escrutinio de mesas, ocultamiento de actas y minutas de resultados, conteo y digitación de votos a puerta cerrada, entre otras irregularidades.
Tal convención significa una modificación o derogación de las normas de orden público relativas a los bienes familiares.
La Corporación Municipal estima que los preceptos legales invocados imponen una sanción que no se ajusta al principio de proporcionalidad y asimismo vulnera la garantía del debido proceso.
La denuncia no cumple con los requisitos básicos de formalidad, competencia y fundamentación suficiente establecidos en la Ley N° 18.700 Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios.
La nueva legislación tiene por finalidad modernizar el acceso a la justicia, hacerlo más expedito, rápido y ágil, limitando la presencia física de las personas por motivos sanitarios.
Los estereotipos “distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos”, lo que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes.
