El estatuto administrativo no contiene normas que regulen un procedimiento judicial especial para conocer y resolver denuncias de vulneración de derechos fundamentales que afecten a sus funcionarios.
Con los antecedentes no es posible afirmar que la Universidad recurrida ha incurrido en actos arbitrarios y/o ilegales.
El requirente estima que los preceptos impugnados vulneran el derecho al debido proceso.
La Corte Suprema concluyó revocando la sentencia apelada, y en su lugar dispuso que se deseche la acción de protección deducida.
No se advierte que las partes hubieran llegado a acuerdo respecto de los permisos sindicales.
El proyecto tiene por objeto garantizar el libre acceso de las personas a las playas de mar o de aguas interiores, sancionando a quienes impidan o dificulten el paso hacia las mismas.
La Corte Suprema concluyó revocando la sentencia apelada, y en su lugar dispuso que se acogiera la acción de protección deducida.
La Corte Suprema concluyó revocando la sentencia apelada, y en su lugar dispuso que se acogiera la acción de protección deducida.
El procedimiento llevado adelante por el establecimiento no contempló una etapa o acto formal en el que se diera al menor y a sus apoderados un lapso para expresar sus descargos.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Aróstica, Romero y Vásquez, quienes estuvieron por acoger íntegramente el requerimiento.
