El requirente considera que el precepto impugnado vulnera el debido proceso y el derecho a la libertad personal y seguridad individual.
Se concluye que el Ministerio de Salud se encuentra facultado para otorgar a la autoridad antedicha una defensa jurídica, por tratarse de consecuencias derivadas del ejercicio de la función pública.
El recurrente estimó infringida su integridad física y psíquica, ya que se encuentra sumido en una profunda depresión producto del actuar injusto, ilegal y arbitraria del comité.
El requirente estima que el precepto impugnado infringiría el debido proceso, ya que impide la tutela efectiva de los derechos del arrendatario.
Cabe recordar que el caso se relaciona con la detención ilegal y arbitraria en contra de Raúl Romero Feris en 1999.
La recurrente adujo haberse vulnerado el derecho a la integridad psíquica.
La gestión pendiente incide en autos sobre reclamo de ilegalidad, seguidos ante el Juzgado de Letras de Punta Arenas, en actual conocimiento de la Corte de Punta Arenas mediante recurso de apelación.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
El máximo Tribunal anuló la resolución impugnada y, en sentencia de reemplazo, acogió la demanda deducida, tras establecer la existencia de relación laboral entre las partes.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada, tras establecer que la decisión del Tercer Tribunal Ambiental se ajusta a derecho.
