La Magistratura Constitucional adujo que el requirente no dio cumplimiento en forma a lo ordenado, por lo que se aplicó el apercibimiento dispuesto por el artículo 82 de la Ley N° 17.997, teniendo así como no presentado el requerimiento deducido.

En el arbitrio de nulidad se señala que la sentencia cuestionada infringe el artículo 434 N° 4 del Código de Procedimiento Civil.

La gestión pendiente incide en un sumario administrativo disciplinario, instruido por la Ministra en Visita Extraordinaria Rosa Maggi Ducummun.

El recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales de integridad física y psíquica y su derecho de propiedad.

El recurso se fundó en la causal contemplada en el artículo 478 letra e), en lo principal, y en subsidio en la del artículo 477, ambas del Código del Trabajo.

Se estimó que actuación del Juez de la causa devino en arbitraria e ilegal al haber desestimado la solicitud de la defensa, no obstante existir antecedentes que hacían procedente la suspensión del procedimiento.

El requirente estima que el precepto impugnado vulnera el principio de juridicidad.

Dichas limitaciones dicen relación con que dichos servidores sólo podrán percibir dieta o remuneración por la participación en uno de ellos, observando el tope de veinticuatro unidades tributarias mensuales por dicho concepto.

Se estimó que se requerirá a la reclamada proporcionar al reclamante, copia digital, en formato PDF, de la información requerida, previo pago de los costos directos de reproducción, -de proceder éstos.

El ente contralor indicó que la observación efectuada en su informe final N°1.081, de 2015, obedece a que la construcción fue ejecutada de forma directa por la Universidad Andrés Bello, prescindiendo de la preceptiva que rige la contratación de obras públicas.