Infringiría los artículos 1° y 19 N°2 de la Carta Fundamental; 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y 2.1 y 26 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos; que amparan el principio de no discriminación y de igualdad ante la ley.
La inactividad de la recurrida deja a los vecinos en una situación desmejorada respecto de otros habitantes de la comuna.
La cuestión de inconstitucionalidad que se desarrolla en el requerimiento no permite derivar, sin más, que la aplicación del auto acordado cuestionado implique una vulneración de su derecho de propiedad debido a un procedimiento que, en su argumentación, adolecería de vicios por la realización de una subasta pública a través de medios remoto.
Como requisito para la inscripción de candidaturas de autoridades electas por votación popular, se deberá acompañar un test de drogas de una antigüedad no mayor a un mes, y una declaración jurada del candidato que no consume drogas y se encuentra libre de vínculos con el tráfico.
No se acreditó una divergencia doctrinal que debe ser resuelta y uniformada.
El proyecto proyecto tiene como idea matriz la descentralización efectiva de la administración regional. Si se suprimen esas instituciones las funciones y atribuciones que actualmente desarrollan y ejercen se traspasarían al Gobierno Regional y su autoridad ejecutora, el Gobernador Regional.
La propuesta define que la desinscripción voluntaria del Padrón Electoral estará fijada, solamente, para una elección o plebiscito, siendo automática la reincorporación.
La iniciativa debe ser votada en general por la Sala del Senado y se requieren 25 votos favorables para la aprobación de dos normas y de 22 para el resto de las disposiciones.
En la resolución, el ministro en visita dispuso que se despache orden de aprehensión del procesado, la que deberá ser ejecutada por la Brigada Investigadora de delitos contra los DDHH de la Policía de Investigaciones. Asimismo, debido a la avanzada edad de Altamirano Ortúzar, se ordenó que cumpla la medida cautelar de arresto domiciliario total.
El máximo Tribunal estableció el actuar ilegal y arbitrario de la entidad bancaria al negarse a devolver a la recurrente los US$5.532,32 sustraídos a través de ocho operaciones fraudulentas.
