Máximo Tribunal señaló que se infringió el principio de reformar la sanción en perjuicio.
El citado Tribunal estimó que el reconocimiento de la deuda y la negativa a enterar tal pago al sindicato referido, afecta la actividad que éste ejerce en defensa de los trabajadores.
La Corte Suprema señaló que, la justificación dada por la autoridad para, ahora, rechazar la solicitud de autorización de uso y disposición de medicamento es arbitraria.
El ente contralor adujo que no se han aportado nuevos antecedentes de hecho o de derecho, ni elementos de juicio que no hubieren sido previamente planteados y que desvirtúen lo concluido en el dictamen impugnado.
No existió ningún impedimento para que el recurrente cesara en su cargo a contar del año 2017.
El ente contralor adujo que el peticionario se encuentra en retiro desde el día 25 de septiembre de 2015, por lo que había transcurrido el plazo de tres años, siendo extemporánea su solicitud.
La gestión pendiente incide en causa sobre reclamación seguida ante la Corte de Santiago, en actual conocimiento de la Corte Suprema, por recurso de apelación.
La Magistratura colombiana ordenó a Notaría de Medellín que corrigiera el registro civil de la menor, de manera tal que el nombre de su madre quedara inscrito correctamente.
El máximo Tribunal estimó que la institución recurrida vulneró el derecho a la igualdad de trato hacia el menor.
El Tribunal Constitucional peruano concluyó que, habiéndose determinado que el demandante estuvo protegido durante su actividad laboral por los beneficios del Satep, le corresponde gozar de la prestación estipulada por su régimen sustitutorio el SCTR y percibir la pensión de invalidez permanente parcial regulada en el artículo 18.2.1, en un monto equivalente al 50 % de su remuneración mensual, en atención al menoscabo de su capacidad orgánica funcional.
