Durante la jornada de martes y miércoles se constituyeron las comisiones de Participación y Consulta Indígena, Derechos Humanos, Participación Popular y Equidad Territorial, Descentralización y Comunicaciones.
Pueden establecer grupos de prioridad, pero sólo en base “a distinciones objetivas y razonables, cuando éstas se realicen con el debido respeto a los derechos humanos”.
El Tribunal de alzada descartó error derecho en la sentencia, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que rechazó la demanda interpuesta por la sancionada en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente, que le aplicó las multas cuestionadas.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia que le ordenó al Fisco pagar $60.000.000 a Ávila Rosas y $30.000.000 a su hijo que tenía entre cinco y seis meses de gestación a la fecha de la última detención de su madre.
Los preceptos impugnados infringen el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho a la igual repartición de las cargas públicas, la libertad en el desarrollo de la actividad económica, y adolecen además de vicios de inconstitucional formal.
El máximo Tribunal estableció que los policías incurrieron en omisiones negligentes inexcusables al no apegar su actuar a los protocolos y normas legales sobre violencia intrafamiliar, lo que habría evitado la muerte de la joven.
El máximo Tribunal desestimó los arbitrios que, en el fondo, pretenden el establecimiento de nuevos hechos a los asentados por los jueces del fondo.
Un grupo de senadores de oposición solicitó al Ejecutivo que “detenga las expulsiones masivas que han sido cuestionadas a nivel internacional, garantizar el debido proceso en el caso de que estas se efectúen con la observancia de los principios de interés superior del niño y la reunificación familiar».
La moción llegará con el informe negativo de la Comisión de Gobierno que rechazó la idea de legislar con 3 votos en contra y 1 a favor.
En la práctica, se estaría excluyendo al querellante y lesionando del derecho que tiene a ejercer una acción penal que disienta con la del ente persecutor.
