El máximo Tribunal estableció error de derecho en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, que confirmó la de base que rechazó la demanda.
La iniciativa, que se analiza en la Comisión en segundo trámite constitucional, fija algunas prohibiciones y regula la instalación de elementos publicitarios.
El Tribunal de alzada hizo lugar a las acciones deducidas, tras establecer la caducidad de las acciones de tutela por vulneración de garantías fundamentales denunciadas.
La sentencia sostiene que el inciso 3° del artículo 55 de la Ley N°19.882 es expreso y claro al establecer que cada postulante podrá solicitar su puntaje final y el resultado de su evaluación.
El Tribunal de alzada acordó solicitar además a la Corte Suprema que, en uso de sus facultades, como medida destinada a dar protección a las ofendidas, arbitre las medidas para el traslado del magistrado Barría Alarcón.
El Tribunal de alzada desestimó actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, tras establecer que la empresa cumplió con la obligación de proteger la salud de los empleados, contenida en el plan de acción contra el coronavirus del gobierno, que define los grupos de riesgo de contagio.
El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 29° Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la demanda al no acreditarse la responsabilidad de la inmobiliaria en los daños denunciados, al ignorarse el estado anterior del inmueble y lo que haya podido ocurrir entre el terremoto y las faenas de reparación.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
No se configuró el vicio en el que se basa el incidente de nulidad acogido por el fallo en alzada, lo que constituye un grave error de procedimiento que ha impedido la materialización del debido proceso.
