El tipo penal no señala qué clase de conducta debe realizar un ciudadano para poner en peligro la salud pública y verse en consecuencia expuesto a una persecución criminal y eventual imposición de pena.

La medida se otorgó por un año, plazo en que los actores deberán ejercer las acciones judiciales que les asistan.

Nadie puede ser obligado por ninguna autoridad o particular a suministrar involuntariamente información que lo incrimine penalmente.

CGR emite pronunciamiento sobre obligación de pagar bonificación por retiro voluntario de la Ley N°20.964.

Igualmente, para los empleadores imposibilitados de proporcionar el trabajo convenido por iguales circunstancias.

Se acredita la existencia de un daño material en perjuicio del actor, derivado de la destrucción de recursos hidrobiológicos, atendido el derrame de hidrocarburos ocasionado por COPEC.

El Tribunal consideró que las pruebas disponibles al momento en que se decretó la prisión preventiva no satisfacían el estándar de sospecha razonable de que el imputado había cometido un delito.

El acto impugnado infringió el principio de proporcionalidad que debe regir en materia administrativa.

El actuar de las recurridas vulneró el principio de confianza legítima.

El Estado de Venezuela reconoció su responsabilidad internacional.