El objetivo principal del proyecto ingresado es agregar las deudas de educación superior al estado de cuentas que permite acogerse a la ley de reorganización y liquidación de empresas y personas.
El ente contralor concluyó que en la especie, el cambio de grado por encasillamiento que experimentaron los funcionarios del Servicio de Salud se materializó con posterioridad a la data en que quedó ejecutoriada su calificación, por lo que no procede la reliquidación de la asignación.
Corte de La Serena Señaló que la medida carece de justificación razonable y contribuye a concentrar el poder de mercado de otros actores.
Recurrente estimó vulneradas las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 17, 24 y 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental.
La Corte señala que los decretos de expulsión son arbitrarias por ausencia de fundamentos, afectando la libertad ambulatoria de los amparados.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Aróstica, Romero, Vásquez y Fernández.
Una cosa son las razones objetivas que justifican plenamente una eventual restricción para participar en un concurso público y otra totalmente distinta, las presunciones basadas en sospechas o simples conjeturas.
En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento no cumple con lo dispuesto en el artículo 84 N°3 de la LOCTC, esto es, que no existe una gestión judicial pendiente en tramitación.
El ente contralor indicó que lo mencionado tiene carácter de normativa especial, puesto que resulta aplicable solo a los casos y funcionarios que expresamente prevé, de manera tal que prevalece sobre la preceptiva general, contenida en el Código del Trabajo.
La Magistratura Constitucional española concluyó que los órganos judiciales han ponderado de manera constitucionalmente adecuada la concurrencia de datos objetivos y constatables que permite fundamentar la existencia de un riesgo relevante de reiteración delictiva.
