Luego que la Mesa Técnica Constitucional entregara una propuesta para viabilizar el proceso para una reforma a la Carta Fundamental, el Presidente del Senado, se reunió con los decanos de Escuelas de Derecho de diversas universidades para apoyar la difusión de información a la ciudadanía.
El Tribunal condenó a Nazario Ariosto Aros Avendaño y Hugo Gumercindo Cea Navarrete a la sanción de 818 días de reclusión, bajo el beneficio de remisión condicional de la pena por igual lapso, en calidad de coautores del delito consumado de vejaciones injustas.
El máximo Tribunal acogió el recurso de casación en el fondo formalizado en representación del demandante, invalidó la resolución recurrida y dictó, sin nueva vista, sentencia de reemplazo.
El Tribunal de alzada acogió la acción judicial y dispuso que el recurrente podrá permanecer ocupando el inmueble, en tanto no se dicte sentencia favorable en pleito que deberá iniciar la Seremi para obtener la restitución.
El Tribunal de alzada acogió la acción judicial, tras establecer que el actuar de Carabineros no se ajustó a derecho y atenta contra la libertad personal y seguridad individual de los menores amparados.
El ente contralor concluyó que ambos beneficios, previstos por las leyes N°s. 21.043 y 20.822, resultan compatibles entre sí, teniendo derecho la interesada a percibirlos conjuntamente, en la medida que, por cierto, cumpla los requisitos establecidos respecto de cada uno de ellos.
La gestión pendiente incide en autos sobre despido injustificado, nulidad del despido, cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras de Talagante, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de San Miguel, por recurso de apelación.
Se confirió traslado al Presidente de la República, el Senado y la Cámara de Diputados.
La gestión pendiente incide en autos infraccionales seguidos ante el Segundo Juzgado de Policía Local de Concón, en actual conocimiento de la Corte Suprema, por recurso de casación en la forma y en el fondo.
El fallo del Tribunal de Alzada señaló que, el actuar del Banco recurrido excedió las facultades que le confirió la ley dentro del contrato de depósito y que su actuar resultó arbitrario.
