El Estado chileno habría incumplido el deber de reparar adecuadamente el daño causado.
Se pretende evitar que el alimentante proponga otras formas de pago para evitar su cumplimiento.
El objetivo principal del proyecto ingresado es revisar obligatoriamente el cobro de colegiaturas y matrículas atendida la realidad económica de la comunidad escolar.
La solicitud tendría su origen en el presunto mal manejo económico de su patrimonio incautado por la Corte.
Al respecto, la Magistratura constitucional colombiana adujo que la norma demandada no sustituye la Constitución Política, en la medida en que la propia reforma establece los límites, cautelas y prohibiciones bajo los cuales dicho control debe ejercerse.
La Corte Suprema señaló que, el acto impugnado se enmarcó en el ejercicio de una facultad que atendió a la naturaleza transitoria de los servicios y a los efectos propios de las vinculaciones a contrata.
La Corte Suprema señaló que, lo que se persiguió, es que en virtud de la sentencia de reemplazo, se dicte un fallo que contenga una declaración en cuanto a la vigencia de una Resolución Exenta dictada por el Servicio de Impuestos Internos.
Los recurrentes estimaron vulnerada la garantía del artículo 19 numeral 1 de la Constitución Política de la República.
El Tribunal Supremo español indicó que, sí existe una relación intensa y directa entre la vulneración constitucional del derecho al secreto de las comunicaciones y las pruebas obtenidas tras la investigación.
En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento no cumple con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 84 de la LOCTC, esto es, no da cumplimiento a la exigencia constitucional y legal de encontrarse razonablemente fundada.
