El Tribunal Constitucional, en votación dividida, desestimó el requerimiento de inaplicabilidad mediante el cual se alegó que la aplicación del precepto legal impugnado vulneraría el principio de proporcionalidad de las sanciones, de igualdad ante la ley, el debido proceso y el principio in dubio pro reo.

Negativa se funda en una serie de disquisiciones sobre normas ya derogadas, cuanto resulta aplicable el artículo 188 del Código Civil que determina la filiación no matrimonial, sobre la base de lo cual la recurrente ha reclamado el reconocimiento de sus derechos sucesorios.

El acusado fue sorprendido por Carabineros en medio de una transacción de drogas en un parque en la ciudad de Valdivia. Los agentes incautaron 126 gramos de cannabis y más de un millón y medio de pesos en dinero en efectivo producto de la venta de la sustancia.

En los delitos de violencia de género no es necesaria la denuncia de la víctima, debiéndose castigar una vez que se tiene conocimiento de su comisión. Basta con el simple hecho de la retransmisión en directo de la bofetada para que los poderes públicos desplieguen el ámbito de protección de la víctima, con independencia de que ella se reconozca como tal.

El requirente estima que el plazo contemplado constituye un obstáculo irracional para su derecho a una tutela judicial efectiva.

Tres altos ex ejecutivos y diecisiete particulares deben pagar solidariamente la indemnización a la que fueron condenados, por su participación, beneficio o provecho en un fraude desarrollado entre los años 2008 a 2012 en contra de la institución bancaria, y que involucró desvíos de dinero por más de 24 millones de dólares.

No correspondía prescindir del valor probatorio de las manifestaciones de la acusada relativas a que era víctima de abuso sexual y que disparo para defenderse del intento de violación, y de la deficiencia mental e intelectual que padece.

El requirente alegó que los preceptos impugnados vulneran sus garantías de igualdad ante la ley, derecho de asociación, libre contratación en el ámbito laboral, derecho a desarrollar una actividad económica, derecho de propiedad y la autonomía de los grupos intermedios

La demandante pidió que la AFP en la que está afiliada rinda cuentas sobre la administración de su fondo de pensiones, materia que debe ser conocida por la judicatura laboral, por mandato expreso del artículo 420 letra c) del Código del Trabajo, por lo que, al negar la tramitación, los jueces de fondo han vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva.

Si bien no puede pasarse por alto el hecho de que la divulgación impugnada se llevó a cabo mediante la sustracción de datos y la violación del secreto profesional al que estaba obligado el demandante, el peso relativo de la información divulgada superó todos los efectos perjudiciales a causa del interés público que suscitó.