Máximo Tribunal y Corte de San Miguel señalaron que hechos están siendo conocidos por otra vía que permite resguardar los derechos denunciados como vulnerados.

El gobierno local está realizando un referéndum que, a priori, busca resolver una cuestión meramente administrativa: el reemplazo de las dos circunscripciones electorales actuales por una sola, para unificar el sistema electoral para la mayoría de los miembros de la Asamblea Legislativa.

El Tribunal de alzada estableció que las medidas solicitadas son de potestad exclusiva y privativa del Poder Ejecutivo.

El Tribunal dio por establecida la falta de servicio del municipio demandado y la responsabilidad civil extracontractual de la empresa constructora.

El máximo Tribunal declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el recurso de casación en el fondo interpuestos en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó a la demandada por falta de servicio.

El Tribunal de alzada admitió a tramitación las solicitudes ingresadas por las organizaciones gremiales, y ordenó a los recurridos evacuar informes «acompañando todos los antecedentes justificativos de sus alegaciones», en los plazos de ocho y 15 días hábiles, respectivamente.

El Tribunal de alzada estableció que las omisiones denunciadas vulneran la ley de protección de los derechos de los consumidores.

El Tribunal de alzada declaró inadmisible la acción judicial por corresponder lo solicitado a la esfera privativa del Ejecutivo.

El Tribunal de alzada rechazó, con costas, el recurso de nulidad interpuesto por la demandada en contra de la sentencia dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que ordenó el pago de prestaciones y cotizaciones adeudadas a la trabajadora.

Esto, ante la situación de emergencia que afecta al país por el brote de COVID-19.