En su sentencia, el máximo Tribunal adujo que la Corte de Santiago omitió pronunciarse sobre el fondo del litigio sometido a su conocimiento, obviando con ello el requisito de validez de las sentencias.

La Corte de Valparaíso indicó que, la disposición de la demolición de las referidas edificaciones resultó ajustada a derecho.

La Corte de Concepción indicó que, se configuró una actuación de facto, que alteró el status jurídico existente y perturbó el legítimo derecho de propiedad de la actora, respecto del uso y goce del inmueble que le pertenece.

En específico se estudió si tales facultades desconocían el artículo 267 de la Constitución, que define a Contraloría como una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La Magistratura constitucional adujo que el legislador es libre de establecer un sistema de recursos que le parezcan pertinentes a la naturaleza de la controversia para la protección de los derechos e intereses comprometidos de los justiciables.

La recurrente estimó que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 21, 22, 24 y 26.

La recurrente estimó que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 21, 22, 24 y 26.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró inadmisible el recurso de protección.

La Corte Suprema revocó la sentencia apelada señalando que, del mérito de los antecedentes apareció de manifiesto que en el libelo interpuesto en autos se mencionó hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.