La moción -que comenzó a ser analizada por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado- busca un efecto retroactivo a la creación de la institucionalidad ambiental (1997). Durante la sesión se reforzó la idea de hacer un debate “con altura de miras”.
Al no permitirse interponer la excepción de prescripción y, asimismo, no poder apelar una resolución que rechazó la vía judicial -nulidad de todo lo obrado- se vulnera la garantía del debido proceso.
El presidente, actuando en tal calidad, obstruyó el libre tránsito y acceso hacia la empresa, y extorsionó a la actora para obtener bienes a cambio de permitir su funcionamiento normal.
La conducta de la recurrida implica el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa.
La alegación de vulneración de derechos fundamentales basada en la jornada de trabajo debe ser resuelta por el Juzgado del Trabajo competente, mediante el procedimiento de tutela laboral.
La requirente estima que los preceptos legales impugnados vulneran las garantías constitucionales del debido proceso y la no discriminación arbitraria.
Además, la decisión no resultó arbitraria, pues se fundó en el mal desempeño de la actora.
Mientras exista reclamación administrativa pendiente contra la misma entidad licitante, el Tribunal debe inhibirse de conocer la impugnación por el mismo asunto. No resulta posible intentar dos reclamaciones en forma paralela, aunque se hayan impetrado ante organismos diferentes.
La antigüedad en la promoción del actor se estableció en base a las normas legales que regulan los encasillamientos a contar del año 2003.
Aun cuando se puede cuestionar la conclusión de la judicatura, dicho yerro no tuvo influencia en lo dispositivo de la decisión.
