La instancia acordó solicitar al Ejecutivo que revise el parámetro remuneracional y que se consideren cambios en la implementación del pago de la homologación fijada por la Ley 20.905, que se ha aplicado progresivamente desde 2016.
El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado de Costa Rica, en perjuicio de Emilia Morales Campos, una mujer mayor y con discapacidad, dentro del contexto de la tramitación de una solicitud de un bono familiar de vivienda, y que no habría sido resuelto en 23 años de tramitación.
La iniciativa ingresó el 30 de agosto de 2017 a la Cámara de Diputados y ésta lo despachó a segundo trámite el 3 de abril de 2018. El pasado 28 de mayo, la propuesta volvió a la Corporación y pasó a un breve estudio a la Comisión de Cultura, instancia que recomendó su aprobación.
El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito había sido invitado a la sesión de la Comisión que investiga la conducta de jueces y empleados judiciales de la región de O'Higgins, sin embargo, la autoridad se excusó de participar en la instancia, situación que fue lamentada por quienes la integran.
Los legisladores piden que impulse esta medida con el objeto de facilitar que los jóvenes puedan rendir la Prueba de Selección Universitaria y, por consiguiente, optar a una carrera profesional o técnica.
El fallo acoge la reclamación para el solo efecto que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles disponga lo pertinente para que la distribuidora SAESA entregue las aclaraciones requeridas por la reclamante.
Se propone buscar una adecuada reparación de la víctima con la cuantificación justa y equitativa del daño patrimonial.
El llamado recurso de amparo económico no es idóneo para salvaguardar la garantía fundamental reconocida en el artículo 19 N° 21 inciso 1° de la Carta Fundamental.
Se declaró que la disposición contenida en el numeral 1 del artículo único del proyecto de ley sometido a control de constitucionalidad se encuentra ajustado a la Constitución Política.
La propuesta pretende fortalecer la representatividad de las mujeres en cargos locales de elección popular, con la finalidad de superar el desequilibrio que les impide acceder a tales cargos, de tal suerte de contribuir a su visibilización dentro de la política.
