Marcelo Drago consideró altamente positiva la creación de una nueva comisión de unidad nacional por la transparencia y probidad que apunte a desterrar actos de corrupción tanto del sector público como privado.
El proyecto ayer aprobado, en concreto, reforma la Constitución Política de la República, en lo relativo al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia.
Margaret Huang, directora ejecutiva del organismo en Estados Unidos, manifestó que «la idea de que se pueda proteger a los niños arrancándolos de sus familias desafía todo sentido de la lógica y la humanidad».
El Tribunal Municipal de Tashkent ordenó la puesta en libertad de periodista Bobomurod Abdullayev, condenado a un año y medio de servicios comunitarios.
Se sostiene que la protección de la ciudadanía supone un proceso que va más allá de los actos vandálicos como se conocen convencionalmente, pues se reconocen acciones complejas que afectan a las personas en su entorno y recursos, esto es la contaminación y la destrucción del ecosistema.
De acuerdo al Instituto de Derechos Humanos la víctima, en el contexto de un proceso de contención ejecutado por cuatro educadores de trato directo, habría sido directamente agredida por uno de ellos.
La autoridad señaló que se espera pasar los 250 mil inscritos. La instancia también analizó la problemática que afecta al disuelto Consejo de Migraciones.
El Tribunal de alzada rechazó las reclamaciones de la AFP Cuprum en contra de la resolución que ordenó la entrega del plan de negocios presentado por AFP Argentum en el proceso de fusión de las administradoras de fondos de pensiones.
El Tribunal de alzada confirmó la resolución apelada, dictada el pasado 20 de abril, por el Juzgado de Garantía de Rancagua.
El Tribunal de alzada ratificó la sentencia recurrida, dictada por el Segundo Juzgado de Policía Local de Las Condes, que ordenó a la línea aérea pagar $1.900.000 por daño emergente, y $1.000.000 por daño moral, al demandante, pero con declaración de reducir la multa interpuesta de 40 a 20 UTM, por infracción a la ley del consumidor.
