El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario del nosocomio, que transgrede, además, normativa legal que prioriza la atención de personas mayores, afectando la integridad física de la recurrente.
El máximo Tribunal desestimó los recursos presentados por las demandadas, al no haberlos planteado ante el tribunal de segunda instancia, que ratificó la de primer grado que habría incurrido en los vicios denunciados.
El Tribunal de alzada estableció la responsabilidad de los demandados por las lesiones provocadas a la pareja al no respetar el conductor el disco “Ceda el paso” existente en el lugar.
El Tribunal de alzada revocó la resolución impugnada, dictada por el Octavo Juzgado Civil de Santiago, que había establecido la prescripción de la acción, la que, por tratarse de un crimen de lesa humanidad, resulta imprescriptible.
El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal y arbitrario de la prestadora de salud, al aplicar tabla de factores que se encuentra derogada.
De ellas, un 75,5% aprobó la idea de legislar sobre la iniciativa, un 24,2% se manifestó en contra, mientras que el 0,3% se abstuvo.
«Esto es una llamada de atención para la comunidad internacional, y para las autoridades haitianas que han contemplado la impunidad crónica e ignorado los llamados de alerta emitidos por las personas que defienden los derechos humanos que han pavimentado el camino para una crisis tan grave», afirmó Erika Guevara-Rosas, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
Asimismo, el requerimiento de acceso a estos antecedentes contempló los correos de otras autoridades del Minsal, entre ellos, el director del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, Carlos Sans; Rafael Araos, ex jefe del Departamento de Epidemiología; y la jefa de la Dirección de Planificación Sanitaria, Johanna Acevedo.
La determinación de la legalidad del actuar de Carabineros conteniendo las manifestaciones sociales, versa sobre hechos y peticiones que exceden de las materias que deben ser conocidas a través del recurso de protección.
La acción impetrada no reúne los requisitos necesarios para su admisibilidad, toda vez que, no resulta ser la vía idónea, al exceder las materias que deben ser conocidas por esa vía atendida su naturaleza cautelar.
