La propuesta se abordaría a través de una cobertura financiera especial en la modalidad de atención de libre elección de Fonasa.
La iniciativa contempla constituir un modelo de gestión cuyo objetivo es coordinar intersectorialmente la oferta programática existente relacionada a eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad, entregar información clara, oportuna y personalizada sobre la misma y simplificar el acceso a ésta.
Actualmente, frente a la misma infracción se aplican dos sanciones diferentes, hecho que implica en la práctica multas de distintos valores. Con el cambio aprobado se elimina esta situación, unificándose el cuadro sancionatorio.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y debido proceso.
La recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales de integridad psíquica, igualdad ante la ley, la vida privada y honra, entre otras.
El recurrente estimó vulnerada su garantía constitucional a la propiedad.
La gestión pendiente incide en proceso penal de que conoce el Juzgado de Garantía de San Bernardo.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.
El Tribunal aplicó, además, a García Miranda las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos mientras dure la condena.
Se invocó como causal la contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo.
