El cambio de lugar de trabajo y funciones con el menoscabo en sus remuneraciones y posición, afectaron la integridad psíquica de la demandante vulnerando sus derechos fundamentales.
El riesgo de una denuncia por parte del interlocutor es una posibilidad que se asume al hablar, y que uno resigna sus razonables expectativas de intimidad al conversar con otro.
La concreción de la amenaza efectuada por el recurrido alteraría el statu quo vigente, incurriendo en una actuación que resulta contraria a derecho.
La medida alcanza a distintos profesionales que prestan servicios públicos, entre ellos, a los bomberos profesionales.
No existe resolución que otorgue competencia al recurrido para dictar resoluciones en aquel expediente. Por ende, la orden de embargo impugnada resulta ilegal y arbitraria.
En una polémica sentencia, el TC declaró inconstitucional varias disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La vía idónea para reclamar acerca de la conducta de la autoridad es la administrativa. Aún así, tampoco se advierte el actuar caprichoso alegado por el actor.
La configuración normativa del tipo penal exige que las afirmaciones proferidas, para poder ser calumniosas, diverjan de la realidad, lo que debe reflejarse necesariamente en el relato fáctico.
No es aceptable que dichas personas lleguen a ocupar cargos de elección popular, dado que además de cometer delitos y actos sumamente reprochables, dañan y desprestigian las instituciones políticas.
El estado de Ecuador aceptó los hechos y reconoció su responsabilidad internacional.
