Los tribunales nacionales tuvieron en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo y equilibraron los intereses en juego, incluido su derecho a la libertad de expresión. Las condenas y las penas impuestas no fueron desproporcionadas.

El recurrente acusó un fraude por parte del vendedor del automóvil, que luego de recibir el dinero denunció el robo del vehículo en la PDI. La magistratura rechazó la acción cautelar porque el actor no tiene un derecho indubitado respecto del móvil, y debe acudir a la justicia ordinaria para perseguir la presunta estafa y así poder inscribir el bien como propio.

Las recurrentes acusaron la vulneración de la igualdad ante la ley y la libertad sindical -ambas son dirigentes y directoras gremiales-, al ser trasladadas a nuevas funciones sin mayor fundamentación por parte del alcalde del municipio, y sin existir ninguna reorganización de las labores de los empleados de planta de la Municipalidad.

De cara a la violación del derecho a la consulta previa de las comunidades étnicas, la reparación justa y equitativa no se limita únicamente a la indemnización pecuniaria; se asocia, además, a la necesidad de restaurar el tejido social del pueblo específico, con el propósito de garantizar su integridad física, cultural y espiritual.

Además de la pena asignada al delito en cuestión, se privará al inculpado de todos los cargos, empleos, oficios y profesiones ejercidos en organizaciones deportivas y con incapacidad perpetua para cargos, empleos y profesiones en organizaciones deportivas.

Alega que la norma legal objetada infringe igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que le impide enervar la demanda acreditando que no concurre la causal invocada por el actor por no ser efectivos los hechos invocados en sustentos de la misma, ya que el estado de cesación de pagos es falso, en cuanto son productos de fraudes y engaños ejercidos por los hermanos Sauer, quienes utilizaron FACTOP y otras compañías para crear un mecanismo ilegal de financiamiento.

También proscribe el uso de términos tales como hamburguesa, chuleta o filete para productos vegetales que imiten productos de origen animal, con el objetivo de evitar confusiones entre los consumidores.

Establece los requisitos que deben cumplir las entidades que presten servicios culturales, artísticos y patrimoniales para que sus operaciones se encuentren exentas del Impuesto al Valor Agregado (IVA), de forma análoga a las sociedades de profesionales.

El recurrente acusó una grave conculcación al derecho de propiedad, pues el recurrido nunca inscribió el automóvil a su nombre y circuló durante años por diversas autopistas concesionadas sin poseer el dispositivo TAG, lo que devino en deudas por más de 50 millones de pesos a nombre del actor, que debe soportar la presunción de dominio de un bien que no posee por la desidia del recurrido para efectuar las inscripciones respectivas.

El pago tardío implica necesariamente un reconocimiento de la deuda; nadie paga aquello que no debe. Por eso, aunque en la demanda que da origen a la «litis», y que interpuso después de que le fuera reclamada judicialmente la deuda afirmaba desconocer su existencia y origen, es claro que sí la conocía.