El máximo Tribunal compartió la doctrina plasmada en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmó la de primer grado que ordenó el pago.
La magistrada acogió la demanda tras establecer que la universidad privada afectó la integridad síquica de la denunciante.
La requirente estima que la norma impugnada vulnera su garantía al igual acceso a la justicia y su derecho a la seguridad jurídica.
La decisión adoptada por el Juzgado de Garantía de Putaendo, que ordenó el reintegro del amparado al CET de Putaendo, debió ser acatada por la autoridad de Gendarmería.
Los policías advirtieron que un vehículo los “evadió”, por lo que cumpliendo con la Ley N°18.290 efectuaron el control vehicular, que derivó en un control de identidad y posterior detención de los ocupantes del automóvil al poseer diversos tipos de droga lista para ser comercializada.
Las declaraciones de las víctimas serán consideradas sólo en la medida en que estén respaldadas por otros medios de prueba.
El requirente alega que la aplicación de los preceptos impugnados vulnera su garantía constitucional a un debido proceso.
Esto, por aplicación de los artículos 1482, 2413, 2514 y 2516 del Código Civil, los que dan cuenta de la máxima “accessorium sequitur principale”, o “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”.
El plazo contemplado en el artículo 1° del DL 409, debe computarse desde que el condenado haya cumplido la pena de suspensión de licencia de conducir, resuelve la Corte de Chillán.
Los partes médicos dan cuenta que el contacto con perros efectivamente es considerado como el elemento determinante de la baja. Además de ello, también debiera ponderarse por ende, que este segundo proceso de incapacidad temporal se produce pasado el año de aquella recomendación médica de evitar el contacto con animales de pelo, especialmente perros y en local cerrado.
