El recurrente estimó que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 2 y 24.
La Corte de Santiago indicó que, los derechos que reclamó la recurrente se encuentran en discusión.
La sentencia de la Corte Suprema señaló que, no se divisó argumentos que permitan sostener que la actuación de la recurrida pueda ser calificada de arbitraria o ilegal.
La sentencia de la Corte Suprema señaló que, es inconcuso que la desvinculación de la asistente de educación no se ajustó a derecho.
Varios grupos de personas ocuparon un terreno destinado a construir viviendas sociales.
El ente contralor adujo que, su incumplimiento, significa la infracción de los deberes de funcionarios de quienes deban adoptar las medidas tendientes a darle aplicación, comprometiendo su responsabilidad administrativa.
El ente contralor adujo que, esto, es sin perjuicio de la colaboración que la Dirección de Vialidad, en el ámbito de su competencia, pueda proporcionar.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La Magistratura constitucional española adujo que prisión provisional estaba justificada por la existencia de indicios racionales basados en unos hechos presuntamente constitutivos de delitos graves.
En consecuencia, la Magistratura constitucional la ordenó a la Institución Educativa modificar las cláusulas del manual de convivencia que afecten los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad de los estudiantes.
