El Tribunal de alzada condenó a Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann a penas de 13 años de presidio, en calidad de coautores del delito.
El máximo Tribunal condenó, entre otros, a Edgar Cevallos Jones a 10 años y un día de presidio, como autor del homicidio de Alfonso Baeza Cruces; más 12 años de presidio por los secuestros calificados.
Respecto de la nueva acción sobre usurpación de patente sostiene que: «la decisión de aumentar las competencias de los juzgados civiles sobre este punto en menoscabo de los recientemente creados INAPI y TDPI, parece no aconsejable».
El Tribunal de alzada ordena al Jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública emitir derechamente pronunciamiento conforme a derecho, en un plazo prudente.
El trabajo no pretende alcanzar verdades absolutas, sino más bien de acortar el margen de diferencias sobre la base de principios elementales del Derecho Penal.
La metodología de trabajo se dividirá en sesiones generales y en sesiones especiales de trabajo.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de protección, de que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago.
El fallo concluyó manifestando que la Dirección recurrida no incurrió en un acto ilegal o arbitrario.
La gestión pendiente incide en autos sobre infracción a la Ley del Consumidor, seguidos ante el Juzgado de Letras en lo Civil de Peñaflor.
Habiéndose pronunciado la Corte Suprema acerca de la ilegalidad de la decisión de Gendarmería, no corresponde que emita pronunciamiento.
