Se propone imponer a las empresas de 100 o más trabajadores, la obligación de contar entre el personal del área de recursos humanos, con al menos uno de ellos, con conocimientos específicos en materia de fomento de la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por una serie de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane y sus miembros, en el marco de proyectos que afectan sus territorios, recursos naturales y modo de vida.
El máximo Tribunal anuló la resolución impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, y en sentencia de reemplazo ordena al Servicio de Impuestos Internos practicar una nueva liquidación.
El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario o ilegal del municipio recurrido al objetar el permiso de edificación de la empresa Inmobiliaria Casa Italia SpA.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la aseguradora al negar la cobertura contratada.
Las listas de las personas que recibieron el bono clase media y otros beneficios fiscales tienen carácter público, por lo que deben mantenerse de manera permanente a disposición de quien quiera consultar, “esto implica publicar las nóminas de beneficiarios de programas sociales del Gobierno en ejecución, indicando el nombre completo de la persona, la fecha en la que se le otorgó el beneficio y la identificación del acto por el cual éste le fue adjudicado”.
El Tribunal de alzada descartó infracción en la resolución pronunciada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que anuló la sanción.
La sentencia impugnada aplicó erradamente el plazo previsto en el artículo 2332 del Código Civil, toda vez que debe primar la norma especial.
La gestión pendiente incide en autos seguidos ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso, en actual conocimiento de la Corte de la misma ciudad, por recurso de hecho.
Se lo privó de la posibilidad de ser oído y de rendir prueba acorde a su pretensión.
