La CIDH decidió emitir la resolución considerando la necesidad de desarrollar lineamientos para el diseño, elaboración e implementación de políticas públicas de memoria acordes con las obligaciones estatales de provisión de verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos.

Similar al que la Corporación ya tiene con la Contraloría, que permitirá efectuar un trabajo en conjunto entre el Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados y los expertos del TC, en cuando a examinar las normativas que se encuentran promulgadas.

Recuperación que suele tardar si no se atienden en centros médicos especializados. Por ello, estudian un proyecto que asegure su atención.

Empiezan a correr los tiempos para el llamado a plebiscito habilitante y todos los procesos que se gatillan desde ese momento.

El Tribunal de alzada confirmó la sanción aplicada por la autoridad fiscalizadora al recurrente, quien no cumplió con la obligación de avisar al asegurado el rechazo o modificación de la cobertura de riesgo.

El Tribunal de alzada acogió el recurso de apelación deducida por la defensa del imputado en contra de la resolución, dictada por el 12° Juzgado de Garantía Santiago, tras establecer que existen otras medidas para asegurar la comparecencia del recurrente a los actos del procedimiento.

La Corte señala que la resolución es ilegal e injustificada y resulta conculcatoria de la garantía fundamental del artículo 19 número 7 de la Constitución Política de la República.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia que acogió la demanda y ordenó restablecer el uso de los locales o establecimientos comerciales, a tenedores desalojados ilegalmente, en agosto de 2013.

El máximo Tribunal estableció que no procede en unificación de jurisprudencia considerar sentencia del Tribunal Constitucional, la cual ha perdido eficacia.

La sentencia fue acordada con la constancia de los Ministros María Eugenia Sandoval y Carlos Aránguiz.