El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la resolución del Primer Juzgado Civil de Coyhaique que en agosto del año pasado, ordenó el pago indemnizatorio de manera paralela al proceso penal que condenó a Ortega Ruiz.
Sin perjuicio de ello, el órgano contralor ordena a la institución informar respecto del eventual pago de dicha asignación que sí se habría realizado a algunos oficiales en igual situación.
La demandante denunció la vulneración de la libertad de trabajo y de contratación y el derecho al honor.
Los hechos del caso se vinculan con la presunta administración infiel de los recursos de un organismo descentralizado de la administración pública nacional argentina.
La recurrente consideró vulnerado su derecho a la vida, y a la integridad física y psíquica.
La gestión pendiente incide en autos sobre medidas cautelares, seguidos ante el Juzgado de Familia de Pudahuel.
La instancia escuchó los planteamientos del director nacional de Senda; del presidente del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (Conar); y de representantes del departamento de salud mental del Minsal.
El máximo Tribunal señaló que no resulta demostrada la necesidad de la cautelar decretada, razón por la cual se ve afectada la libertad personal del recurrente.
Los derechos que se estimaron vulnerados son la vida e integridad física y psíquica, y la indemnidad.
La gestión pendiente es un recurso de protección de que conoce la Corte de Santiago.
