No obstante, los antecedentes fueron derivados al Ministerio Público por la eventual configuración de un delito.
El seguimiento de la actividad digital por parte de los padres respectos de sus hijos “debe ser proporcionado y acorde con las capacidades en evolución”.
Las enfermedades preexistentes son aquellas conocidas por el afiliado y diagnosticadas médicamente con anterioridad a la suscripción del contrato.
El daño moral no necesita estar especificado en los hechos probados cuando fluye de manera directa y natural del referido relato histórico.
La factura al emanar del acreedor, requiere que el deudor participe en el perfeccionamiento del título, a fin de evitar fraudes o falsificaciones, debiendo manifestar su voluntad mediante el acuse del recibo.
En virtud del principio de proporcionalidad, la sanción no debería ocasionar más lesividad que la propia infracción.
El proyecto no busca satisfacer necesidades de la comunidad o prestar algún servicio público, por lo que no puede considerarse que genere cargas ambientales.
La carencia de la autorización de residencia y trabajo no invalida el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero, ni es obstáculo para que obtenga las prestaciones derivadas de supuestos contemplados por los convenios internacionales de protección a los trabajadores u otras que pudieran corresponderle.
Si bien la sentencia judicial reviste la condición de prueba documental, para que tenga eficacia positiva requiere que la declaración del derecho conste en un fallo que se encuentre firme y ejecutoriado.
El derecho de la Unión Europea se opone a una normativa nacional que permite el decomiso, a favor del Estado, de un bien del que se alega que pertenece a una persona distinta del autor de la infracción penal, sin que esa persona tenga la facultad de intervenir como parte en el procedimiento de decomiso.
