El Tribunal Supremo de España concluyó que a Dentix no se le pudo aplicar el Real Decreto 1907/1996 sobre publicidad de productos o actividades o servicios «con pretendida finalidad sanitaria» porque su finalidad sanitaria es innegable.
El Tribunal Supremo español indicó que el recurrente incurrió en una causa sobrevenida de inelegibilidad y perdió la condición de europarlamentario, y ya no goza de la inmunidad del artículo 9 del Protocolo nº 7 sobre privilegios e inmunidades de la Unión Europea.
Máximo Tribunal señaló que actuación de la aseguradora de salud afectó el derecho de propiedad del recurrente.
Corte de Rancagua indicó que no existe certeza absoluta de que los hechos ocurriesen como los denuncian los recurrentes.
La recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 numerales 1, 2, 4 y 9 de la Constitución.
La Magistratura colombiana se preguntó «¿Si hubieran existido, de manera temprana, mecanismos efectivos de registro y seguimiento de niños en situación de discapacidad, hubiera ocurrido lo que se constató en este caso? La respuesta, con una alta probabilidad, es que la menor, en la actualidad de 13 años de edad, no se encontraría en la imposibilidad absoluta y actual de comunicarse».
El objetivo principal del proyecto ingresado es paliar los efectos del cambio climático y la mega sequía en el país y el medio ambiente.
Proveedores de servicios electrónicos se ven obligados por la ley a conservar los datos de sus abonados y a permitir a las autoridades públicas que accedan a ellos, al margen de que esas obligaciones se impongan por razones de seguridad nacional.
Recurrentes estimaron vulnerada su libertad personal.
Corte de Temuco señaló que no cabe aplicar el criterio de la protección de la confianza legítima en este caso.
