El llamado al Ejecutivo busca incorporar estándares de probidad y transparencia en la elección de autoridades, para que estas se encuentren en un estado óptimo para ejercer sus atribuciones y cumplir con sus funciones.
La petición al Ejecutivo se basa en la existencia de casos constatados de abuso de este derecho que se otorga a los funcionarios a lo largo del país.
Los legisladores pondrán en tabla el proyecto que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos con el objeto de fortalecer la transparencia en la distribución de energía.
Se estimó que los hechos descritos, eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías constitucionales.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Muñoz y Aránguiz, quienes fueron del parecer de revocar la sentencia en alzada y en su lugar acoger el recurso de protección.
La óptica del Derecho Privado se alteró profundamente a lo largo del siglo XX, hasta llegar a una verdadera función social del derecho privado.
El recurrente estimó vulnerada su garantía constitucional del derecho a la vida privada.
Tanto la demandada principal como la demandada simplemente conjunta, fueron condenadas en primera instancia e interpusieron recursos de nulidad contra esa sentencia.
La decisión fue acordada con el voto particular de los Ministros Highton de Nolasco y Maqueda.
Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
