El Tribunal de alzada acogió la acción judicial, tras establecer el actuar arbitrario de la parte recurrida al denegar la adquisición del fármaco debido a su alto costo.
En la resolución «Conferencia 1», el ministro en visita estableció la falta de participación de Riveros Valderrama en los secuestros perpetrados en mayo de 1976.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, que condenó a los ex agentes como autores de un delito de lesa humanidad.
El precepto impugnado establece, en síntesis, la regulación de la tabla de factores que se utiliza para determinar los precios de los planes de las Isapres.
La reconducción de acciones constitucionales se efectúa en favor de grupos vulnerables que requieran una protección constitucional reforzada, cuando se advierte que el contenido de la demanda permite adecuar y reconducir a otra acción tutelar, ante la evidente lesión de derechos.
La querella se presentó por delitos de prevaricación judicial, intercepción ilegal de comunicaciones, retardo malicioso en la administración de justicia y falsedad e infidelidad en la custodia de documentos.
Se ha generado la «sospecha razonable» en el Juzgador que le permite estimar que efectivamente el demandante fue despedido producto de su estado de salud.
Se estimaban infringidos los derechos a la integridad psíquica, al debido proceso y a la honra de la persona y su familia.
El órgano contralor, de conformidad a su dictamen N° 94.465, precisó que si bien la ley no fijó un plazo para la tramitación de la pensión de que se trata, el pago del sueldo de actividad no puede extenderse más allá de noventa días hábiles contados desde la época del retiro
La recurrente estimó vulnerados la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho a la propiedad y el derecho de propiedad.
