El proceder arbitrario e ilegal que denuncian vulneraría el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, el derecho de propiedad y el derecho de igualdad ante la ley.
El pronunciamiento de la Corte de Santiago se produjo luego que un grupo de ciudadanos colombianos interpusiera un recurso de amparo contra el Ministerio de Relaciones Exteriores y quienes resulten responsables.
Tras informes de las Comisiones de Hacienda y Educación y Cultura, se votó por su retorno a la segunda comisión.
El objetivo principal del proyecto ingresado es apoyar a los trabajadores independientes.
El derecho a sufragio y el derecho a acceder a un cargo de elección popular se encuentran históricamente relacionados y son cruciales para un Estado con un Gobierno democráticamente electo.
La gestión pendiente incide en proceso civil, sobre reclamación, seguido ante el Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Puerto Montt.
Los sentenciadores son de la opinión que la reclamada ha dado total cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que regulan lo relativo al procedimiento de participación ciudadana.
La gestión pendiente incide en recurso de protección, seguido ante la Corte de San Miguel.
La Corte Suprema concluyó que, la sentencia revisada incurrió en un error de derecho por aplicar el caso sub lite la causal de irregistrabilidad de la letra f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial a un supuesto improcedente.
La Corte de Santiago indicó que, la sentencia disgregó la relación de hechos que fueron planteados sin solución de continuidad.
