El decreto indicó que las reglas allí contenidas no obstan a la aplicación del Código Penal y del Código de Justicia Militar, entendiéndose que forman parte de la normativa aplicable.
El ente contralor expresó que cargos públicos deben desempeñarse con la más estricta imparcialidad, sin emplear los medios institucionales para favorecer o perjudicar alguna de las posiciones plebiscitadas.
La Corte Suprema indicó que no resultó posible reprochar arbitrariedad e ilegalidad al comportamiento de las recurridas.
La Corte de Apelaciones de Santiago indicó en su sentencia que, se debe señalar que no se observó una acción ilegal o arbitraria del Colegio recurrido.
El Tribunal Constitucional señaló que, el Juzgado Mixto de Junín al eludir el análisis de lo peticionado y limitarse a disponer «estese a lo resuelto» en la resolución que dispuso el archivo, el Juzgado enmascaró su ausencia de respuesta.
La recurrente cumpliría con todos los requisitos establecidos por ley.
La negativa dice relación con un nuevo dictamen de Contraloría.
La Corte de Apelaciones de Santiago estableció que los hechos descritos en la presentación y las peticiones que se formularon a la Corte exceden las materias que deben ser conocidas por dicho tribunal.
El proyecto modifica la ley de Protección de los Derechos de los Consumidores con el objetivo de consagrar la obligación a los proveedores de servicios de telecomunicaciones informar a sus clientes las modificaciones o nuevas ofertas más convenientes.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad deducido por la demandada Dirección Nacional del Trabajo en contra de la sentencia, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió parcialmente la demanda.
