El máximo Tribunal consideró que la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, yerra al no reconocer que el ministerio demandado cuenta con legitimidad pasiva, “pues se trata de un organismo estatal que goza de capacidad procesal en razón de la imputabilidad legal y directa de sus potestades públicas, sin que para ser parte en juicio necesite personalidad jurídica plena o patrimonio propio.

El máximo Tribunal desestimó el recurso impetrado por la demandada en contra de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, al no acompañar sentencias que contrasten con la materia que pretende unificar.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario, injustificado y carente de razonabilidad de la isapre, al negarse a cubrir el copago remanente, por cambio de válvula derivativa de líquido cefalorraquídeo, practicada al hijo del asegurado.

El máximo Tribunal descartó que la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, se haya adoptado con infracción de ley al, supuestamente, haber otorgado más de lo pedido (vicio ultra petita).

Esto, siempre que no exista disponibilidad de enfermeras/os, quienes son usualmente los que ejecutan esas acciones.

La multa por transitar sin sistema de pago electrónico en las autopistas y carreteras que tengan ese sistema de cobro se considera una infracción grave. La multa es de una Unidad Tributaria Mensual (UTM).

Su principal objetivo es la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho.

La Comisión de Gobierno del Senado acordó propiciar una mesa de trabajo con Hacienda y con la Comisión ad hoc para avanzar en los puntos en cuestión. Además, se pondrá en la tabla de la próxima sesión el proyecto que establece el domicilio de los gobernadores.

La Comisión de Constitución del Senado sesionó en dos jornadas esta semana despejando las indicaciones presentadas y aprobó el criterio de permitir el contrato entre ‘dos personas’, en lugar de un hombre y una mujer.

La Comisión urge al Estado a que en la adopción de sus políticas migratorias, leyes y medidas de gestión de fronteras se respeten y garanticen los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección.