El requirente estima que vulnera su garantía al debido proceso, puesto que no fue debidamente emplazado en procedimiento que terminó con el remate de un inmueble de su propiedad.
El Gobierno ingresó el veto con la finalidad de perfeccionar algunas normas de la iniciativa.
El Estado no estableció un procedimiento claro para que los trabajadores pudiesen impugnar la declaración de ilegalidad de la huelga, afectando su derecho a la protección judicial.
Además, se vulneró la libertad de sindicalización y los derechos de igualdad ante la ley y propiedad de los actores.
La protección del interés público y la necesidad de controlar la ausencia de antecedentes penales es lo que autoriza a prescindir del consentimiento del interesado.
El máximo Tribunal desestimó el arbitrio enderezado en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, por estar mal formulado, lo que impide que sea acogido.
El máximo Tribunal descartó la orden de apremio, debido a que la demora en el cobro de la deuda no es imputable a la amparada.
Además del nulo o escueto desarrollo de las infracciones que refiere en su arbitrio, el recurrente no denuncia la vulneración de un principio especifico del artículo 16 de la ley de la especialidad, solo se denuncian ciertas conclusiones del fallo que no se comparten y de la tramitación de la causa ante el Tribunal de Propiedad Intelectual, lo que no permite entrar al análisis de la infracción a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba.
El fallo de la Corte Suprema señala que los hechos probados ante el tribunal no satisfacen la exigencia de peligro para la salud pública, por cuanto el Ministerio Público no acreditó la exigencia de generación de riesgo.
La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió la acción constitucional y ordenó reintegrar a las recurrentes a sus funciones y a pagarles las remuneraciones devengadas durante el tiempo que estuvieron separadas de sus cargos.
