La Corte consideró que la resolución se encuentra acorde a la ley.
El máximo Tribunal ibérico rechazó, la posibilidad de que el recurso pierda su finalidad si eventualmente se le diese la razón sobre el fondo.
El ente contralor adujo que leyes que pertenecen al Derecho Administrativo -como ocurre con la citada ley N° 21.080-, reciben una aplicación inmediata, es decir, rigen desde su entrada en vigor.
El ente contralor adujo que Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas permite, expresamente, que un funcionario ubicado en la lista Nº 1, puede ser agregado en la cuota de alejamientos.
El magistrado acogió la solicitud del Ministerio Público, tras establecer la responsabilidad del conductor de la camioneta que impactó y dañó plataforma ceremonial (denominada ahu o hae) y el moái milenario que se asentaba sobre la estructura.
El proyecto tiene como objetivo fortalecer y aumentar los estándares de transparencia en el ejercicio de la función pública, para lo cual se amplían los sujetos obligados por la norma a los órganos autónomos constitucionales, a las corporaciones municipales y a las empresas concesionarias de servicios públicos.
La propuesta permitirá que los trabajadores públicos también puedan reclamar judicialmente por la violación de sus derechos fundamentales en su relación con el empleador.
La iniciativa tuvo su origen en una moción de los senadores Rincón y Harboe.
El texto elaborado por el abogado constitucionalista Henry Boys aborda la teoría constitucional, analiza la constitución vigente y estudia las características del poder constituyente originario.
El Tribunal de alzada rechazó los recursos de nulidad deducidos en contra de la resolución adoptada por el Juzgado de Letras de Colina.
