Ello con el objeto de enfrentar y detener a tiempo la comisión de un delito que afecta a los productores apícolas, pues además de despojarlos de su trabajo e inversión, los obliga a endeudarse para seguir en la actividad.
El Tribunal de alzada confirmó con costas la sentencia apelada, que condenó a la empresa a pagar $2.000.000 por concepto de daño emergente, y $600.000 por daño moral.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de protección, seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
La obligatoriedad del interés superior del niño no encuentra excepciones de ninguna clase, ni siquiera tratándose de pueblos indígenas.
La gestión incide en autos penales, seguidos ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de protección seguidos ante la Corte de Santiago.
La sentencia indicó que el procedimiento vinculado al rechazo de una solicitud de aprobación de anteproyecto o de permiso de edificación, sólo queda firme en el caso de contar con informe favorable del Revisor Independiente.
La Corte de San Miguel señaló que el asunto es una controversia relativa a la determinación de si la modificación que ha efectuado Agrícola Santa Ximena de sus regadores, produce o no un menoscabo en los derechos de la recurrente.
La sentencia señala que en cuanto a las garantías constitucionales supuestamente vulneradas, cabe indicar que respecto al debido proceso, las exigencias planteadas son generales para todos los alumnos que cursan el Programa de Radiología.
La Magistratura Constitucional señaló que respecto a las glosas del Fondo Solidario de Crédito Universitario, ellas exceden las ideas matrices contenidas en el mensaje.
