El fallo indicó que las disposiciones sobre publicidad de los estatutos no obligan al sindicato a proporcionar copia de los mismos.
La recurrente consideró vulnerado su derecho a la propiedad.
Los datos solicitados no fueron recolectados de una fuente accesible al público.
La institución había manifestado que pagó las diferencias al afectado, considerando los seis meses anteriores a la total tramitación de la resolución que lo asciende, por entender que el resto de los emolumentos se encontraba prescrito.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso, libertad de expresión y derecho de asociación.
La recurrente consideró vulnerado su derecho a la propiedad y a la igualdad ante la ley.
La sentencia fue acordada con el voto en contra de los Ministros Valderrama y Dahm.
Asimismo, el Tribunal rechazó la solicitud de sobreseimiento definitivo realizada por los defensores de M.A.P.C., y a la que se opuso el fiscal.
La decisión fue acordada por unanimidad en la misma semana en que se dio a conocer el escándalo de corrupción que afecta a varios Ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad deducido en contra de la sentencia del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la acción deducida por ejecutiva que ingresó a la compañía en 1999 en Buenos Aires y que debió trasladarse a Santiago, en 2012, tras el cierre de sucursales en el resto de la región.
