Las recurrentes estimaron vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 numerales 2 y 24.
Defensa del recurrente indicó que el interno al padecer hipertensión forma parte del grupo de riesgo de contagio de coronavirus.
El Derecho nacional podrá disponer que una asociación está legitimada para entablar acciones judiciales que persigan la reparación de los daños aun cuando no sea identificable ninguna persona perjudicada.
El objetivo principal del proyecto ingresado es ayudar a las personas en medio de la crisis provocada por el coronavirus.
Según la recurrente estigmatiza y criminaliza a este grupo de niños, niñas y adolescentes.
El primero fue interpuesto por la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, mientras que el segundo se presentó por algunos de los 113 gendarmes que se desempeñan en el penal que será clausurado alguno de los cuales posteriormente se desistieron de la acción cautelar.
Las presentaciones fueron interpuestas por organizaciones sociales, agrupaciones de empleados públicos y una organización feminista.
Corte de Antofagasta señaló que estas materias son facultad exclusiva del legislador, no siendo el amparo la vía idónea.
La ley consagra que estas disposiciones aplicarán a las empresas privadas con capitales iguales o superiores a 1.500 salarios mínimos o aquellas con capitales inferiores a 1.500 salarios mínimos con más de 50 empleadas.
El ente contralor adujo esto, dado que la normativa que regula la jornada extraordinaria está prevista para los funcionarios que realizan sus labores en forma presencial y no mediante teletrabajo.
