Cabe recordar que el procedimiento tuvo su origen en el año 2011, cuando UMAS (Unión Mutua Asistencial de Seguros) suscribió una orden de compra de 160.000 acciones de Bankia.
El texto señala que con la dictación de una ley se generaría un avance en el abordaje integral de la problemática del suicidio, debiendo contemplar definiciones a propósito del rol del Estado y su articulación con la comunidad.
El máximo Tribunal del país rectificó la sentencia y rechazó el recurso de amparo y da cuenta del error detectado.
El Tribunal de alzada descartó que el actuar de policías y militares en las manifestaciones pasadas, haya provocado una afectación concreta de garantías constitucionales de los recurrentes.
El Tribunal acogió la demanda de indemnización de perjuicios, tras establecer que el procedimiento policial se realizó con infracciones al ordenamiento jurídico.
Respecto del nuevo sistema de mediación propuesto en la justicia penal adolescente y si se debe adoptar el sobreseimiento o el archivo en caso de mediación exitosa, la Corte Suprema releva que los efectos del archivo y del sobreseimiento son radicalmente diversos.
El amparado considera vulnerado su derecho a la libertad individual.
Corte de Santiago estimó que decisión de recurrida se ajustó a normativa legal vigente.
La Corporación votó y aprobó la llamada «cuestión previa», que determina que la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución Política señala y, por tanto, se la entiende como no presentada.
La primera acusación constitucional presentada contra un presidente en el ejercicio de su cargo fue en 1956, a Carlos Ibáñez Del Campo.
