La Corte Suprema hizo lugar a la acción, al observar que la AFC ha demorado más de 13 años en cobrar los montos adeudados, lo que produjo un aumento en los intereses que es imposible de asumir por el amparado, debido a su precaria situación económica actual, hecho que en la especie despoja de efectividad al apremio y se constituye en un castigo desproporcionado para el actor.

Los hechos denunciados resultaron veraces. Efectivamente, se acreditó la sustracción de los valores cuestionados, pero lo que no pudo comprobarse es que el recurrente hubiera intervenido o conocido su origen ilícito. Esta circunstancia, aunque determinante para decretar su sobreseimiento, no resulta suficiente para que sea indemnizado en esta sede.

La víctima fue asaltada en su domicilio por el acusado y otro coimputado, y dejó testimonio de los hechos en su declaración, la que fue incorporada como prueba en la audiencia preparatoria. Posteriormente -y antes del juicio oral- la víctima falleció debido a un cáncer que le afectada, por lo que su declaración fue incorporada según las reglas del artículo 331 del Código Procesal Penal, por lo que tal prueba no puede ser considerada como atentatoria del principio de inmediación. El máximo Tribunal rechazó el arbitrio de nulidad y confirmó la condena.

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las acciones de fiscalización que ejecute por irregularidades de que conozca por denuncias u otro medio.

La negativa no estaría protegida por el derecho que tendría todo investigado a guardar silencio, con el objeto de no auto incriminarse, ya que ésta se aplicaría solo a la toma de declaración, sin que la misma pueda extenderse a otras diligencias, como sería el caso de la toma de muestra de voces, cuyo objeto no sería recabar sus declaraciones, sino únicamente recabar sus voces, para la realización de las pericias fonéticas correspondientes.

Es decir, ante un escenario de posibles oferentes que tienen el mismo producto bajo diferentes estándares normativos, corresponde al Instituto de Salud Pública (ISP) regular previamente la materia.

La finalidad de las vacaciones anuales retribuidas es permitir que el trabajador descanse de las tareas que le incumben según su contrato de trabajo y que disponga de un período de ocio y esparcimiento. A diferencia de una enfermedad, un período de cuarentena no impide, en sí mismo, la consecución de estos fines.

El presupuesto crece en un 3,5% en comparación con el erario de este año, considerando un incremento en los recursos destinados a Orden Público y Seguridad del 5,7%, en el área de salud de 8,1%, Educación de 4,2%, Vivienda de 11,9%, y Emergencias, específicamente incendios, de 28%.

El magistrado señaló que los antecedentes aportados por las autoridades argentinas respecto del hecho, y la presunta participación del requerido en ellos, no son suficientes para que el Ministerio Público formule acusación si estos hubieran ocurrido en Chile, en atención a la letra b) del artículo 449 del Código Procesal Penal.

El legislador concede a Carabineros la facultad de llamar a retiro temporal a sus funcionarios frente a determinadas circunstancias, decisión que no es posible dejarla sin efecto a través de la acción constitucional, sin perjuicio de que se resuelva algo distinto con posterioridad. Además, no es acto administrativo de carácter terminal y la recurrente no tiene un derecho indubitado que la ampare.