Es ilegal la omisión del Ministerio de Hacienda que desde 1990 no rinde cuentas de manera satisfactoria en el caso de la Caja de Ahorro y Préstamos.
La extensión temporal de la omisión constatada conculca las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad del actor, al mantenerse la situación de indefinición en la respuesta de la Autoridad frente a una obligación legal.