Los recurrentes adujeron haberse vulnerado el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, el derecho a la protección de la salud y el derecho a un medio ambiente libre de contaminación.
La decisión fue adoptada con el voto en contra del Ministro Muñoz.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Aróstica y Romero, quienes estuvieron por declarar admisible el requerimiento.
La Corte de San Miguel sostuvo en su oportunidad que no se visualiza infracción al derecho a desarrollar una actividad económica legítima por parte de la recurrida.
La ejecutiva bancaria le habría sugerido al estudiante mentir al banco informándole que su domicilio estaba ubicado en Santiago oriente, y no en el centro, donde realmente queda.
La Resolución impugnada no haría más que repetir las medidas propuestas por el CMN y recogidas por la RCA.
El actor consideró vulneradas sus garantías constitucionales a la integridad física y psíquica.
La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos antes el Juzgado de Garantía de Calama.
Se tutelaron los derechos fundamentales a la supervivencia, identidad cultural, autonomía y asociación de las 63 comunidades indígenas accionantes, y del pueblo indígena Wayúu.
La recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso y propiedad.
