El Tribunal acogió la demanda y condenó por la falta de servicio a la empresa concesionaria, por no disponer de sistemas de vigilancia que evitaran o advirtieran el ingreso de animales a la carretera.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la empresa recurrida al no reincorporar a la trabajadora, pese a que presentó certificado médico dando cuenta de su estado de gravidez.
El máximo Tribunal declaró inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto en representación de la parte demandada.
El Tribunal de alzada estableció actuar arbitrario de la policía uniformada al recortar la pensión legal de la recurrente.
El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario de la Superintendencia de Salud al aplicar la sanción al nosocomio.
El amparado señala se transgredió el debido proceso, en lo que se refiere al derecho de defensa y al derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
La Corte acogió apelación del Ministerio Público y decretó prisión preventiva para el amparado.
La opinión del Abogado General es propositiva pero no vinculante para el TJUE.
Ha transcurrido en exceso el aludido lapso de 10 años, se rechaza su pretensión, pues su eventual derecho para impetrar pensión de retiro se encuentra prescrito.
El ente contralor indicó que en relación a lo solicitado por la recurrente en orden a reconsiderar las conclusiones del citado dictamen N° 24.129, cabe anotar que no se aportan nuevos elementos de juicio que permitan variar el criterio sostenido sobre la materia, por lo que cabe desestimar la solicitud.
