Al efecto, cabe recordar que la empresa requirente estimaba que el precepto impugnado infringiría el debido proceso, pues la gestión pendiente no goza de los mínimos requisitos que requiere un procedimiento racional y justo.
El recinto hospitalario designado inicialmente por la recurrida informó que si contaba con pabellones para realizar la intervención quirúrgica pero el actor no acreditó la urgencia de aquella.
Esto, a propósito de solicitud del Servicio Agrícola y Ganadero, consultando si el criterio contenido en el dictamen N° 5.351, de 2020, resulta aplicable al personal de esa entidad que indica.
No obstante, ordenó que se mantenga la medida de internación provisional del amparado ya que reúne las exigencias del artículo 464 del Código Procesal Penal.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Pica y del Suplente de Ministro, Jaramillo, quienes estuvieron por declarar la inadmisibilidad del requerimiento, en virtud de las causales contempladas en el artículo 84 N° 5 y N° 6 de la LOCTC.
La Ley de Refugiados exige una mínima coherencia en el actuar de la autoridad policial, ordenando un control razonable sobre la persona que invoque la condición de refugiado al ingresar para país.
El requerimiento señala que las irregularidades vinculadas a dilatar la dictación del acto administrativo de invalidación, tuercen el objeto de la función de dirección y administración de la Municipalidad.
En su sentencia, la Magistratura brasileña adujo que la pandemia del Covid-19 exige tomar decisiones coordinadas, sobre todo en un intento por resolver los inevitables conflictos federales, sociales y económicos existentes, la gravedad de la situación vivida requiere la toma de medidas coordinadas encaminadas al bien común.
La resolución señala que, la salud mental del Sr. Assange se halla en tal estado que resultaría agobiante para él ser extraditado a Estados Unidos. Sufriría un deterioro que le llevaría a suicidarse, dada la determinación que le provocan sus trastornos autistas
El artículo 39 letra ñ) del DL N° 211 permite a la FNE suscribir acuerdos extrajudiciales con las empresas que son investigadas, siempre que tales acuerdos cautelen la libre competencia en los mercados.
