El organismo arguye que Venezuela ignora los llamamientos internacionales para que aborde las causas de la crisis de derechos humanos que está obligando a la gente a marcharse y se ha negado a aceptar la cooperación internacional para garantizar el acceso a alimentos y medicinas.
La Comisión arguye que frente a los casos de violencia sexual, los Estados deben adoptar protocolos de investigación que eviten re-victimizar a las mujeres, niñas y adolescentes, así como facilitar el acceso a servicios integrales de apoyo y atención médica adaptada, incluida la interrupción legal, oportuna y segura de los embarazos resultado de violencia sexual.
La Comisión consideró que los integrantes identificados de la Junta se encuentran, en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal se encuentran en una situación de riesgo.
La Fiscalía Nacional Económica considera de máxima gravedad la filtración de una solicitud de beneficio de delación compensada, debido a la confidencialidad que exige este tipo de procedimientos.
El máximo Tribunal acogió la acción cautelar presentada por la empresa, tras establecer el actuar arbitrario de la parte recurrida.
Luego de denuncias ciudadanas y municipales, se activaron fiscalizaciones que detectaron monitoreo de aguas en puntos distintos a lo autorizado y la descarga habitual y de larga duración de aguas servidas al Lago Panguipulli a través de aliviaderos de tormenta.
El Tribunal de alzada ratificó la sentencia impugnada, dictada por el Vigésimo Octavo Juzgado Civil de Santiago que rechazó la demanda deducida por la empresa que fue sancionada por incumplimiento de contrato de insumos para exámenes de laboratorio.
La autoridad destacó que «el año 2017 fue el más prolífico en lo que a dictación de sentencias se refiere. En efecto, se dictaron 24 sentencias en materia de reclamaciones y 4 en demandas, los que significaron la terminación de 35 causas por esta vía, si consideramos las causas acumuladas».
La instancia deberá elegir presidente, acordar normas de procedimiento, adoptar acuerdos en torno a la inclusión de menores en la ley, la evaluación médica, alcance del concepto, entre otros.
Diputados recuerdan que actualmente hay más de 6 mil prisioneros políticos secuestrados en cárceles de Israel, entre ellos 13 diputados, 12 periodistas y más de 300 niños.
