Expone Ángel Muñoz, sociólogo PhD en Sociología por la Universidad de Granada, España.
El Tribunal condenó a la Compañía Minera Can Can S.A demandada por no adoptar todas las medidas tendientes a proteger eficazmente la vida y salud del trabajador que le prestó servicios como perforista.
Asimismo, la prohibición de gravar y/o enajenar dichas aeronaves, como medida precautoria impetrada en el proceso caratulado como: «Berrocal con Latin American Wings».
La CGR expone que con los anotados traspasos la Administración del Estado reconoce la permanencia del servidor sobre la base del tiempo de vinculación anterior.
La iniciativa quedó en condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República.
La resolución involucró además otros aspectos que incluyen las disculpas públicas y la reforma de los procedimientos médicos de reproducción asistida.
Esta será la cuarta cuenta que darán las autoridades del Congreso, desde que se publicara la ley el 21 de julio de 2015, que instauró la obligatoriedad de las autoridades del Congreso Nacional de rendir una Cuenta Pública anual.
El máximo Tribunal desestimó la demanda presentada en contra del BCI, tras establecer que las cláusulas impugnadas no coartan el derecho a la libre elección de seguros.
El Tribunal de alzada ratificó el fallo que acogió demanda laboral por tutela de derechos fundamentales, que ordenó el pago a letrado de una indemnización ascendente a $33.269.500.
Corresponde que el Comando de Bienestar del Ejército ponga término al vínculo laboral del reclamante, por la causal contemplada en el artículo 161 del Código del Trabajo.
