El Tribunal estableció la responsabilidad del Estado por la acción ilegal de sus agentes en los hechos denunciados, los que constituyen un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible tanto en el aspecto penal como civil.
El Tribunal de alzada estableció que la información solicitada por ley de transparencia está amparada por la causal de reserva o secreto legal.
El Tribunal de alzada ratificó la resolución que condenó a Sergio Benavides Villarreal y Manuel Vega Collado a penas de presidio perpetuo, en calidad de autores de los tres secuestros calificados y los ocho homicidios calificados.
No dice relación con el derecho de acceso a la información pública, sino que más bien corresponde al ejercicio del derecho de petición.
La gestión pendiente incide en un recurso de apelación, de que conoce la Corte de San Miguel.
No se advierte en el actuar de la recurrida una acción u omisión ilegal o arbitraria, que amenace o perturbe las garantías fundamentales de la recurrente.
Los antecedentes requeridos corresponden a datos personales de trabajadores de entidades reguladas por el derecho privado.
La Contraloría General sostiene que la respectiva contratación debe contar con el financiamiento suficiente para atender el pago que se requiera para su desarrollo.
La Corte de Santiago sostuvo que en el caso en concreto no se vislumbra acto ilegal o arbitrario que afecte la libertad o seguridad personal de la amparada.
La gestión pendiente incide en autos ejecutivos tributarios seguidos ante el Juzgado de Letras de Los Lagos.
