De esta forma, correspondía considerar dichas asignaciones como parte de la última remuneración del trabajador, para efectos del cálculo de las indemnizaciones e incrementos correspondientes, una vez declarado el despido como injustificado. El máximo Tribunal estimó que el empleador no puede desconocer dichas partidas como integrantes de los emolumentos, si durante la relación laboral las otorgó permanentemente al demandante.

Si la restricción contribuye a ejercer presión contra el Presidente ruso y su gobierno, no se puede decir lo mismo de las restricciones adoptadas contra individuos rusos que se limitan a pilotar aviones privados.

Mientras se encontraba haciendo uso de una licencia médica una docente de Concepción fue notificada en su domicilio del despido por necesidades de la empresa, acto que carece de validez en atención al artículo 87 del Estatuto Docente, que prohíbe el uso de dicha causal para despedir a profesores durante el uso de licencia médica, pudiendo terminar el empleador con la relación laboral una vez retornada la docente a sus funciones, lo que en la especie no ocurrió.

Rusia había ejercido el control efectivo de la zona. Por lo tanto, los asuntos denunciados caen dentro de la jurisdicción de Rusia en virtud del artículo 1 de la Convención. Cualquier privación de libertad debe tener una base jurídica en el derecho nacional y ser compatible con el Estado de derecho.

El Banco de Chile informó las deudas al recurrido para ser publicada en su informe de morosos, no obstante, los documentos donde consta la deuda no se encuentran protestados, por lo tanto, la publicación es inválida en los términos del artículo 17 de la Ley Nº19.628, por atentar contra el derecho a la honra y la protección de datos personales de la actora.

La acción interpuesta debió haber sido dirigida contra los propietarios de tales sitios y/o autores intelectuales, a los fines de ventilar la suerte del contenido impugnado de falsedad por la actora y generador, desde su óptica, de lesiones a su honor, buen nombre e imagen.

La reforma que crea la Fiscalía Supraterritorial forma parte de la Agenda priorizada de Seguridad, acordada entre el Congreso y el Ejecutivo.

La Corte Suprema acogió el recurso de protección deducido por el extranjero que acusó el rechazo de su solicitud por incumplimiento del plazo de 24 meses para dicho trámite, en circunstancias que ingresó al país con visa de responsabilidad democrática y antes de la entrada en vigor de la Ley Nº21.325, por lo que sólo se le debió exigir el término de 12 meses para la postulación, plazo que el recurrente cumple en la especie.

Limitar la inscripción como hija matrimonial implicaría una acción violatoria del principio de igualdad. La aplicación de ese principio a este supuesto traído a resolver permite viabilizar el derecho a formar una familia, que tiene en nuestro sistema normativo un amplio anclaje legal/constitucional.

Los demandantes alegaron que la empresa no tomó las medidas necesarias para prevenir la liberación de plomo tóxico al medio ambiente, lo que resultó en generaciones de residentes afectados por envenenamiento por plomo.