Podrá ser oída toda persona o institución y organizaciones representativas de los intereses involucrados en el conflicto jurídico-constitucional que deberá resolver la Magistratura.
El Tribunal de alzada confirmó la resolución que sancionó a la reclamante con la suspensión por 90 días del registro de libre elección, al pago de una multa de 109 UF y a la restitución de la suma de $1.527.550.
El Tribunal de alzada ratificó la resolución apelada, dictada por el 13° Juzgado Civil de Santiago, que declaró la prescripción de la demanda.
El Tribunal anuló la resolución dictada el martes recién pasado y ordenó citar a los intervinientes para debatir la petición formulada por el Segundo Juzgado Militar.
El Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción deducida, tras establecer que la autoridad recurrida actuó dentro de sus atribuciones.
El máximo Tribunal descartó infracción de ley de la resolución atacada, dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda.
Cumpliendo con el mandato de la Sala de Sesiones, la instancia del Senado escuchó a representantes de todos los pueblos originarios que quisieron dar su opinión en torno al texto legal que fue despachado a Sala.
La gestión pendiente incide en autos seguidos ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso, en actual conocimiento de la Corte de la misma ciudad, por recurso de hecho.
La demandada no acreditó los hechos en que fundó la causal de despido invocada.
El demandante estaba sujeto al contrato colectivo celebrado entre el Sindicato Nacional de trabajadores Banco Santander y Empresas Relacionadas Grupo Santander y el Banco Santander.
